Una nueva ley de subvenciones, una moción de censura y dos dimisiones han protagonizado el annus horribilis del sector
La industria del cine español tuvo claro ya en el mes de enero que en 2018 nada en lo referente a subvenciones del ICAA iría según lo planeado. El anuncio de una nueva ley de cine, la moción de censura en el Gobierno y el relevo al frente del propio Instituto han provocado que no fuera hasta ayer cuando se publicara el listado provisional de los 36 largometrajes entre los que repartirá 35 millones de euros. Unas ayudas que tenían que servir para sufragar la producción, pero que llegan con los rodajes finalizados. Otros ocho títulos se han quedado fuera por falta de presupuesto. Entre los desestimados, también, la coproducción ‘El Ángel’ de Luis Ortega, que ha sido incluso estrenada en salas. Así han sido los once meses de sequía en el sector.
Planes para una nueva ley
En ese mismo mes de enero, con el año apenas comenzado, el Gobierno -por entonces aún del PP y con Óscar Graefenhain al frente del ICAA- anunciaba su intención de renovar el sistema de subvenciones del cine español. Aquella intención hizo temer por el retraso en la convocatoria de las ayudas, como acabaría por confirmarse.
En el mes de mayo, la misma fecha en que un año antes se había abierto el primer procedimiento de ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto, el debate sobre la reforma continuaba. Se habló de conseguir una ley más paritaria que impulsara los proyectos con mujeres en puestos clave, de facilitar el acceso a las coproducciones y de incorporar la participación de plataformas de VOD como Netflix y HBO.
La moción de censura
Entre el 31 de mayo y el 1 de junio se celebra la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy e impulsada por el PSOE. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel en la que recogía que el Partido Popular había establecido “un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”.
Convulsos junio y julio
En junio, cuando un año antes se resolvía el primer procedimiento de ayudas a la producción, España estaba en pleno vuelco político. El 2 de junio el socialista Pedro Sánchez tomaba posesión como nuevo presidente del Gobierno.
Pocos días después, el escritor y periodista Màxim Huerta era nombrado ministro de Cultura. Un cargo en el que duró apenas seis días después de que se publicara que en 2014 Hacienda le había multado por crear una empresa interpuesta para pagar menos impuestos. El que fuera director del Museo Reina Sofía y de La Casa Encendida de Madrid, José Guirao, llegó para relevarle.
Lejos de calmarse, la situación no hizo más que empeorar. Apenas un mes después, Graefenhain anunció su dimisión sin que Guirao hubiera nombrado un sucesor y pese a que contaba con el apoyo de gran parte del sector. Beatriz Navas Valdés -exresponsable del departamento audiovisual de La Casa Encendida de Madrid, además de cofundadora y gestora de la plataforma online de cine independiente plat.tv- fue nombrada para sustituirle.
Cuatro días después, el ICAA desbloqueó las ayudas a través de una nueva orden ministerial. Habían pasado ya siete meses desde los primeros anuncios sobre su aprobación. Entre las novedades estaba el fomento de los documentales y las coproducciones con países iberoamericanos rebajando el coste mínimo exigido para acceder a las ayudas, se incorporaba la valoración de la trayectoria del director y se clarificaba la figura del productor.
El parto de la convocatoria
Los sucesivos retrasos y terremotos políticos demostraron que 2018 contaría con una única tanda de ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto. Pese a la publicación de la nueva normativa, la convocatoria no llegó hasta mediados del mes de septiembre. Tras un mes de recepción de solicitudes, el ICAA publicó ayer la lista provisional en la que repartía los 35 millones de presupuesto entre 36 largometrajes. Otros ocho títulos se quedaban sin apoyo por falta de fondos y diez eran desestimados por falta de documentación o incumplimiento de los requisitos.
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